
El Gobierno ha decidido soltar las riendas de la televisión y dejar que ésta cabalgue como un potro desbocado bajo las leyes del mercado. A partir de ahora, los programadores podrán cambiar sus parrillas en función única y exclusivamente de sus intereses comerciales. No es que la contraprogramación sea un fenómeno nuevo en nuestro país (todas las cadenas, incluidas las públicas, han hecho uso de ella aún a riesgo de ridículas sanciones), sino que con esta nueva medida ahora estará más amparada por la ley. No es la única elusión de responsabilidad del poder político sobre un sector tan influyente. El Ejecutivo también dejó en manos de sus empresarios la regulación de los contenidos en horario de protección infantil y, prueba del fracaso de esta decisión se puede apreciar cada día encendiendo el televisor. De esta manera, el espectador pasa a ser una mera comparsa de la lucha por las audiencias, en la que todo es bienvenido excepto ofrecer un servicio de calidad.
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